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| Foto de Sora Shimazaki-Pexels |
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha emitido una sentencia que marca un antes y un después en el cálculo de las prestaciones sociales y la distribución de la carga de la prueba en materia laboral. La sentencia N° 292 del 8 de agosto de 2025, con la destacada ponencia del Magistrado Elías Rubén Bittar Escalona, clarifica puntos vitales que impactan directamente a trabajadores y empleadores en todo el país.
Un Salario Promedio como Base de Cálculo
El fallo se pronuncia sobre el caso de un trabajador con salario variable. En lugar de usar el último salario, que podría ser engañoso, la Sala estableció que la base para calcular las prestaciones sociales debe ser el promedio de lo devengado en los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.
Este enfoque busca una retribución más justa y equitativa, protegiendo al trabajador de variaciones salariales de último momento que podrían afectar negativamente el monto de sus beneficios. La decisión consolida un criterio judicial que brinda seguridad y transparencia en la liquidación de pasivos laborales.
La Carga de la Prueba Recae en el Empleador
Otro aspecto de gran relevancia de esta sentencia es la ratificación de un principio fundamental del derecho laboral venezolano: la carga de la prueba. La Sala reitera que, en un juicio, es el patrono quien debe demostrar los hechos que alega para desvirtuar las pretensiones del trabajador.
Esto significa que, si un trabajador afirma un hecho en su demanda, se presume como cierto a menos que el empleador presente pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Esta obligación legal hace indispensable que las empresas mantengan registros detallados y actualizados de salarios, horas trabajadas y demás condiciones de empleo.
Implicaciones Prácticas para el Mundo Laboral
Esta sentencia tiene implicaciones directas para todos. Para el trabajador, significa una mayor certeza sobre el cálculo de sus beneficios. Para el empleador, es un llamado a la acción para fortalecer sus procesos administrativos y contables, asegurando que todos los registros laborales estén en regla.
El cumplimiento de esta sentencia no solo previene litigios costosos, sino que también fomenta relaciones laborales más justas y transparentes. Se recomienda a las empresas realizar auditorías internas y buscar asesoría legal especializada para adaptar sus prácticas a este nuevo precedente.
Abogada Maria Alejandra Tuozzo
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